El Gobierno de España criminaliza a su población mientras devuelve la fianza a defraudadores que han robado millones a todos los contribuyentes.
La soberbia de un gobierno dictatorial y sin moral que permite infringir las leyes, más preocupado de perseguir y estigmatizar a su población aun sin la existencia de delito, mientras premia a lobbies con millones de muertos a sus espaldas, o defiende a defraudadores que les sale el juicio a devolver…
Con anterioridad destapamos las cifras reales del DrudTest 5000; dispositivo que multa días después de realizar un consumo y siendo ilegal la propia prueba, no solo por la falta de controles de los dispositivos sino demostrado el corto margen y la gran cantidad de falsos positivos que generan.
En esta ocasión nos adentramos en la persecución que sufre la población al hacer su derecho constitucional recogido en los artículos 22 y 34 de la Constitución de España por la cual cualquier grupo de Españoles puede constituir una Asociación Sin Ánimo de Lucro y así palpar la igualdad entre distintas poblaciones de nuestra nación donde sus Ayuntamientos han aprobado propuestas regulativas para el establecimiento de ese tipo de Asociaciones, además de los procesos regulativos por parte de Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco… Esta vez nos centraremos en una localidad del Principado de Asturias.
Asturias es una Comunidad Autonómica mono-provincial paradójica entorno al Cannabis. Por una parte, su consumo esta normalizado entre la población siendo una sustancia más fácil de acceder que unos mentos a cualquier hora del día, gracias al mercado negro. Existe una doble moralidad al criminalizar a los consumidores desde todas las Administraciones Públicas en el Principado, razón por la cual un grupo de vecinos, con patologías diagnosticadas como Glaucoma, Epilepsia, Ansiedad por Depresión… vecinos como los que te rodean (padres de familia, psicólogos, miembros retirados de las fuerzas del orden del estado, funcionarios de carrera) en busca de compartir información veraz y apoyarse mutuamente, se encuentran ante una estigmatización social por parte de las instituciones sanitarias y políticas.
Por esas y otras razones recogidas en los estatutos constitucionales de la asociación, estatutos ya aprobados en otras administraciones públicas estatales y, por tanto, en regla dentro del paradigma de leyes españolas, se encontraron con sus ilusiones sorprendidas con la premoría con la cual el propio registro del Principado (a los 2 días de entregar en registro dicha documentación) la Jefatura de Sección de Entidades Jurídicas les remitió a la fiscalía por contener la palabra “Cannabis” en sus estatutos. Como es palpable, la criminalización por parte del estado es constante desde el minuto 1 gracias a la ignorancia generada por la desinformación creada para perseguir colectivos de personas que se quieren desvincular por completo del mercado negro.
Esta ignorancia se palpa en catedráticos de ciertas universidades españolas los cuales no tienen ni el más mínimo pudor en realizar afirmaciones que van por encima de las posibilidades científicas y, por supuesto, de la realidad, que perjudican a la salud en una región donde no se contempla ningún tipo de fármaco como Sativex aprobado en las provincias limítrofes para enfermos moderados o graves con Esclerosis Múltiple. Persecución atroz que se palpa en las instituciones sanitarias donde no solo no pueden hablar con los profesionales sobre Cannabis, ya que directamente lo hacen constar en el historial como abuso de drogas; haciendo de los consumidores terapéuticos con tratamientos aprobados en otras regiones para pasar a ser denominados como drogodependientes. Sin justificación alguna y con la total desinformación de catedráticos que más bien tendrían que justificar sus sueldos para realizar afirmaciones fuera de la verdad y de las posibilidades científicas.
Seguiremos manteniendo informando con cada avance, con información veraz, de la situación real por la que el gobierno, no solo favorece a que los colectivos no se desvinculen del mercado negro pisoteando los artículos 22 y 34 de la Constitución Española para una vez más criminalizar al pueblo y que sigan ganando los mismos traficantes de siempre reinando en la comarca, gracias a la ignorancia de sello y membrete con las que generan crímenes y criminales cuando no los hay pero cuando lo son no se les retira ni el pasaporte:
No queremos terminar sin recordar que esta persecución solo demuestra lo absurdo de la prohibición y la falta de funcionarios informados, documentados… necesarios para que avance la región y no sean los mismos caciques ignorantes que dañan a la sociedad y su salud desde las mismas instituciones y sillones de los que se asustan por leer “Cannabis”, sin comprender que con nuestros humos y aires tenemos más cordura, salud y cultura de la que prodigan.
