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DISIDENTE.

Una vez más, la historia se repite y, llegados a un momento decisivo, asistimos al bochornoso espectáculo de ver a hermanos del Frente Judaico Popular y al Frente Popular de Judea apedrearse entre sí.

Y es que ahora que el legislador se ha posicionado y ha dado luz verde al arranque de la regulación del cánnabis en España, ha comenzado una competición fratricida para ver quién hace valer el documento técnico jurídico que mejor represente sus intereses. Para desgracia del activismo, en esta alocada carrera parece que los que menos importan son los autocultivadores que se enfrentan a multas y penas de cárcel por no hacer nada que dañe a nadie, excepto al narcotráfico. Ya no importa el futuro de los usuarios que necesitan alivio para sus dolencias. Ya no cuentan aquellos que, simplemente, para relajarse prefieren el cánnabis a los ansiolíticos, aquellos que prefieren el cánnabis al alcohol para divertirse o socializar; es decir, los usuarios que, con sus actos, su coherencia y resistencia, sirven de asiento, justificación y dan fuerza al movimiento por y para la legalización del cánnabis.

De repente, donde costaba sudor y lágrimas juntar a un buen puñado de personas para salir a la calle cada primavera a reclamar derechos para los usuarios y autocultivadores de cánnabis, ahora salen cientos de «expertos» de debajo de las piedras trabajando por un modelo regulatorio que moverá en España la friolera de hasta diez mil millones de euros. La sorpresa viene cuando uno se para a analizar los modelos de todos estos actores de la regulación y se da cuenta de que son semejantes o incluso idénticos. Aun así hay quienes hacen lo posible por pisar el trabajo del compañero como si esa mínima diferencia lo transformase en herejía, con el fin de que sea no el modelo propio, sino el nombre del autor el que llegue a la mesa en la que se deciden las cosas.

Este planteamiento tiene fallos realmente pueriles. En primer lugar, es una actitud que olvida que el legislador no tiene compromiso alguno con los movimientos cannábicos. Solo en una ocasión, en las elecciones del 20D de 2015, uno de estos actores consiguió meter su propuesta en el programa electoral de una formación política, pero que no llegaría con ella al 26J de 2016. Al legislador, que apenas si tiene compromiso alguno con los votantes, tal como estamos aburridos de ver en España, no le importa si la regulación es con forma de cuadrado o haciendo el pino puente, lo que quiere es que se lo den fácil, sencillo, y solo actuará si quien tiene enfrente es una masa unida y determinada. ¿Cumplimos alguno de estos dos requisitos? No. ¿Qué motivo tiene entonces el órgano que hace las leyes para legislar algo que en su mayoría nunca se comprometió a legislar, frente a un colectivo que, en ocasiones parece, solo tienes que dejar que pase un poco de tiempo para que se destruya a sí mismo?

El activismo y sus representantes olvidan que es el legislador quien tiene la sartén por el mango y que hará lo que a sus señorías más les convenga para sus propios intereses personales y de partido. Este activismo le hace un flaco favor a la gente cuando antepone su ambición por la firma y la foto a la estrategia general, estrategia que desde el principio debió pactarse, centralizarse y coordinarse. Sin embargo, el activismo se está transformando en un tumulto de gente que agita dinero del Monopoly, fichas de casino y sacos de garbanzos, exigiendo pasta de la buena a un funcionario de divisas que, además, está en la hora del almuerzo.

Los reclamantes se muelen a hostias para quedarse con el trozo grande de algo que todavía no han ganado. No va a entrar ningún vigilante de seguridad a separarlos; muy al contrario, ante el «populismo cannábico» que convierte el movimiento en unas constantes primarias a un trono de humo que ni siquiera coloca, el legislador se ríe porque sabe que ese juego no lleva a ninguna parte; es el juego que los políticos hacen jugar al pueblo desde que el mundo es mundo: la lucha por las sobras.

Ante esta situación, un servidor no puede sino declararse disidente, disidente de toda la lógica que convierte al movimiento activista en algo tremendamente complejo cuando, bien planteado, debiera ser muy simple: una sustancia que está fiscalizada en base a una mentira no puede seguir estando fiscalizada, ni mucho, ni poco. Este concepto, que muchos dan por entendido y sobrepasado, cosa que hace que se enreden con la letra pequeña, sigue siendo un escollo que todavía no hemos ni comenzado a superar de cara al común de la ciudadanía. No se trata de que nos estemos matando para vender la piel del oso antes de cazarlo; es que todavía tenemos que convencer a los cazadores de que no somos el oso.

Si el año que nos queda hasta iniciar el proyecto de ley va a ser así, paren el activismo que yo me bajo.

 

 

Un Estado para criminalizar a su población

El Gobierno de España criminaliza a su población mientras devuelve la fianza a defraudadores que han robado millones a todos los contribuyentes.

La soberbia de un gobierno dictatorial y sin moral que permite infringir las leyes, más preocupado de perseguir y estigmatizar a su población aun sin la existencia de delito, mientras premia a lobbies con millones de muertos a sus espaldas, o defiende a defraudadores que les sale el juicio a devolver…

Con anterioridad destapamos las cifras reales del DrudTest 5000; dispositivo que multa días después de realizar un consumo y siendo ilegal la propia prueba, no solo por la falta de controles de los dispositivos sino demostrado el corto margen y la gran cantidad de falsos positivos que generan.

En esta ocasión nos adentramos en la persecución que sufre la población al hacer su derecho constitucional recogido en los artículos 22 y 34 de la Constitución de España por la cual cualquier grupo de Españoles puede constituir una Asociación Sin Ánimo de Lucro y así palpar la igualdad entre distintas poblaciones de nuestra nación donde sus Ayuntamientos han aprobado propuestas regulativas para el establecimiento de ese tipo de Asociaciones, además de los procesos regulativos por parte de Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco… Esta vez nos centraremos en una localidad del Principado de Asturias.

Asturias es una Comunidad Autonómica mono-provincial paradójica entorno al Cannabis. Por una parte, su consumo esta normalizado entre la población siendo una sustancia más fácil de acceder que unos mentos a cualquier hora del día, gracias al mercado negro. Existe una doble moralidad al criminalizar a los consumidores desde todas las Administraciones Públicas en el Principado, razón por la cual un grupo de vecinos, con patologías diagnosticadas como Glaucoma, Epilepsia, Ansiedad por Depresión… vecinos como los que te rodean (padres de familia, psicólogos, miembros retirados de las fuerzas del orden del estado, funcionarios de carrera) en busca de compartir información veraz y apoyarse mutuamente, se encuentran ante una estigmatización social por parte de las instituciones sanitarias y políticas.

Por esas y otras razones recogidas en los estatutos constitucionales de la asociación, estatutos ya aprobados en otras administraciones públicas estatales y, por tanto, en regla dentro del paradigma de leyes españolas, se encontraron con sus ilusiones sorprendidas con la premoría con la cual el propio registro del Principado (a los 2 días de entregar en registro dicha documentación) la Jefatura de Sección de Entidades Jurídicas les remitió a la fiscalía por contener la palabra “Cannabis” en sus estatutos. Como es palpable, la criminalización por parte del estado es constante desde el minuto 1 gracias a la ignorancia generada por la desinformación creada para perseguir colectivos de personas que se quieren desvincular por completo del mercado negro.

Esta ignorancia se palpa en catedráticos de ciertas universidades españolas los cuales no tienen ni el más mínimo pudor en realizar afirmaciones que van por encima de las posibilidades científicas y, por supuesto, de la realidad, que perjudican a la salud en una región donde no se contempla ningún tipo de fármaco como Sativex aprobado en las provincias limítrofes para enfermos moderados o graves con Esclerosis Múltiple. Persecución atroz que se palpa en las instituciones sanitarias donde no solo no pueden hablar con los profesionales sobre Cannabis, ya que directamente lo hacen constar en el historial como abuso de drogas; haciendo de los consumidores terapéuticos con tratamientos aprobados en otras regiones para pasar a ser denominados como drogodependientes. Sin justificación alguna y con la total desinformación de catedráticos que más bien tendrían que justificar sus sueldos para realizar afirmaciones fuera de la verdad y de las posibilidades científicas.

Seguiremos manteniendo  informando con cada avance, con información veraz, de la situación real por la que el gobierno, no solo favorece a que los colectivos no se desvinculen del mercado negro pisoteando los artículos 22 y 34 de la Constitución Española para una vez más criminalizar al pueblo y que sigan ganando los mismos traficantes de siempre reinando en la comarca, gracias a la ignorancia de sello y membrete con las que generan crímenes y criminales cuando no los hay pero cuando lo son no se les retira ni el pasaporte:

No queremos terminar sin recordar que esta persecución solo demuestra lo absurdo de la prohibición y la falta de funcionarios informados, documentados… necesarios para que avance la región y no sean los mismos caciques ignorantes que dañan a la sociedad y su salud desde las mismas instituciones y sillones de los que se asustan por leer “Cannabis”, sin comprender que con nuestros humos y aires tenemos más cordura, salud y cultura de la que prodigan.